La impronta del nuevo gobierno de Cristina Fernández y Amado Boudou,-asumido hace menos de cuatro meses- ha sido definida a partir de una puesta en escena permanente de temas múltiples, variados, con impacto social, y que tuvieran el efecto de “espejitos de colores” para llamar la atención, la sorpresa y hasta la apreciación estética de una población ávida de encontrar en la política alguien que imponga agenda y muestre firmeza de acción y convicciones.
Por Margarita Stolbizer - Diputada Nacional GEN/FAP
En esta consideración, claro, menos importa la calidad de esas acciones y el contenido moral que las oriente. Más que nunca, aquella afirmación del “hacen, aunque roben”, parecía ser la inspiración de tanto vértigo de gestión, de tanto anuncio en cadena y tanta noticia que contar.
Fresco todavía en la memoria (aunque con una causa judicial en manos de Oyarbide y que podría condenar al olvido) el escándalo y la inmoralidad de una estafa que involucra a altos funcionarios del gobierno, Madres de Plaza de Mayo y Shocklender en la construcción de viviendas sociales, Cristina y Amado asumen el Gobierno. Los primeros días, y especialmente el llamado a las sesiones extraordinarias del Congreso, marcó lo que sería el perfil de la gestión. No se eligieron temas de interés social. Ni la seguridad, ni los servicios públicos, el combate a la pobreza o la promoción de la producción y el empleo, figuraban en la agenda.
Los temas fueron elegidos para “marcar la cancha”, para mostrar la fuerza, identificar enemigos y anticipar que, a todos éstos, se les caerá con todo el peso de una legitimidad popular que ahí, nomás empezaría a temblequear. Las reformas penales llamadas “antiterrorista” y “anti lavado”, ineficaces para el combate del crimen organizado, eran el claro mensaje a dirigentes sociales, empresarios, periodistas y a cualquiera que osara cuestionar a los funcionarios del nuevo gobierno. La declaración de interés público sobre el papel para diarios (nunca les preocupó declarar de interés el acceso al agua o cloacas para todos, ni programas universales de salud o educación de calidad), fueron el acompañamiento ideal para abrir la cancha.
No pasaron muchos días para que la proclamación oficialista a favor de la política mega minera terminara con la represión de movimientos sociales y ambientalistas y el inicio de causas judiciales bajo el amparo de esa nueva legislación. No calcularon algunos que en simultáneo saldría a la luz el llamado Proyecto X, por el cual la Gendarmería dependiente del Ministerio de Seguridad, espía y junta datos de estudiantes, dirigentes sociales y políticos y los aporta, impunemente, a las causas judiciales donde se pretende criminalizarlos mediante la aplicación de leyes que avergüenzan –al igual que este descubierto y nunca negado- plan de una seguridad contradictoria con los principios de la democracia y el derecho.
Pero de la seguridad humana y ciudadana, nada. La multiplicidad de delitos, el incremento de la violencia, el hallazgo de cargamentos de drogas sin detenidos, los crímenes contra mujeres y niños, nada de eso ha merecido atención ni preocupación de funcionario alguno. Peor aún: la única consideración de las responsabilidades estatales en materia de seguridad se ha exhibido en cada caso para atacar a los jefes de los gobiernos porteño o bonaerense, sin que el nacional crea que algo les corresponde, salvo claro, opinar en conferencia de prensa sobre las fotos del cadáver de Jazmín de Grazia.
Como si pudiera creerse una obra de la causalidad, las altas temperaturas de enero, pusieron en evidencia el divorcio entre las preocupaciones populares y las de los funcionarios, la imprevisión de una gestión que lleva nueve años y todavía se empecina en seguir justificando sus errores en el pesaje de la herencia recibida. El anuncio de la quita de subsidios (tan perversos en su ejecución como en su eliminación) no pudo ser sostenido con medidas concretas. Y el enorme deterioro, más la falta de políticas y los profundos niveles de corrupción en el área del transporte ferroviario (el que más miles de millones ha recibido en estos años en concepto de subsidios), culminaron con una tragedia que se llevó la vida de 51 personas (más la vergüenza del cuerpo abandonado entre los hierros del tren) sin que semejante episodio encontrara una palabra de la presidenta hasta su alusión tardía durante el acto rosarino por el Bicentenario.
A esta altura considero injusta una evaluación de gestión que deje en blanco la columna del haber. Sobre todo, porque esa anunciada impronta del gobierno fue la seguidilla de anuncios que no cesan, como si hiciera falta tanta agua para apagar tantos fuegos. Y de esto parece que se trata.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue un acto desesperado para recuperar movimiento de caja, y la renuncia a la tutela que el propio Néstor Kirchner había pretendido para una parte de las reservas. Más discrecionalidad al manejo de los recursos públicos era al mismo tiempo, el freno a propios (que todavía ensayan explicaciones frente al chubasco) y extraños en su intento de reformar la ley de entidades financieras.
La decisión de traspasar los subtes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que éste asuma finalmente una competencia que sin duda le pertenece en el manejo, ejecución y control del transporte en su territorio, terminó siendo una nueva expresión del atropello y la improvisación, marginada de la aplicación de la ley y por supuesto, de cualquier intento racional y democrático de diálogo y negociación entre gobiernos y jefes, para imponer la condición de rehenes a vecinos y usuarios.
Ninguna duda cabe de la dinámica impuesta a esta nueva etapa de la década kirchnerista, del vértigo a que nos somete anuncio tras anuncio, y de la fuerte crisis de legitimidad que implica la renuncia a una representación basada en la expectativa popular que ya no se expresa en las iniciativas múltiples del gobierno. Salvo que podamos contabilizar entre éstas la estrategia Malvinas, las trabas a las importaciones incluidos los libros, el enojo de casi todo el mundo, el anuncio de la Fórmula 1, el Turismo Carretera para Todos, o la habilitación para votar con el DNI tarjeta, pese a los más de 600 millones gastados el año pasado por el RENAPER (incluidas las coloridas campañas de verano con parasoles y gorritas-) para llegar a la entrega de más de 14 millones de documentos “libreta celeste”, que ya no servirán para nada.
Ahora bien, en medio de tanto movimiento, la investigación judicial sobre la actuación interesada del Vicepresidente de la Nación durante su gestión como Ministro de Economía, en un expediente en el que sus amigos compran la imprenta Ciccone y reciben el millonario negocio de la impresión de los billetes de Cien Pesos, entrecruzadas con mentiras y una mala defensa (tal vez no pueda hacer otra cosa), pone en jaque al gobierno nacional y popular.
Solo han sido cuatro meses. Muy poco tiempo para alcanzar definiciones concluyentes. Demasiado para tener un buen registro de tanta noticia acumulada. De golpes y contragolpes. De denuncias y descargos increíbles.
Escasos días para empezar a ver como destiñen y lagrimean los espejitos de colores.
